Nuestra sociedad evidencia una falta de concienciación hacia el cuidado del patrimonio cultural; pero no podemos por menos que sorprendernos de la actitud de las autoridades, que, a la vez que comparten el reproche unánime de esa carencia, descuidan las medidas previstas que garantizan su respeto. Es verdad que el respeto al patrimonio histórico-artístico es un mandato constitucional; pero es también una premisa imprescindible para hacer coherentes muchas vías de desarrollo y promoción que los propios poderes públicos alientan. Nos referimos a la apuesta por la principal industria andaluza, el turismo, que persigue lograr una oferta variada y de calidad, que tiene en el turismo de interior o en el ocio cultural una de sus mejores bazas. Se escucha, una y otra vez, a los poderes públicos destacar la importancia de seguir esta estrategia de desarrollo de la industria turística cultural. Pero hemos de lamentar que, en lo que respecta a los espacios urbanos singulares, poco o nada, se está aportando en coherencia y calidad con esta acertada estrategia.
Tengamos en cuenta que el cicatero interés por nuestros conjuntos históricos casa muy mal con el perfil de ese nuevo turista que, exactamente al contrario, hace gala de una atención especial por la calidad y el cuidado ambiental de sus lugares de destino.
De todas las amenazas que se ciernen sobre nuestro patrimonio histórico-artístico, y en concreto sobre los Bienes de Interés Cultural, la más habitual y que afecta a casi la totalidad de todos ellos, es la denominada “contaminación visual o perceptiva”, entendiendo por tal, aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrada los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación. Así pues, la descontrolada instalación de anuncios, carteles, cables, postes, antenas, marquesinas, contadores, transformadores, toldos, canalones, aparatos de aire acondicionado, cubiertas, etc. suponen una contundente agresión que distorsiona la contemplación de los monumentos y que podemos observar sin gran esfuerzo adosados en sus fachadas de manera cotidiana y sin ni tan siquiera plantearnos no ya solo su legalidad, sino su valor estético.
Debemos incidir en el hecho de que la contaminación visual no es solo un problema de estética, sino un problema que afecta a la expresión y testimonio de la trayectoria histórica de los países y por ello a la manifestación de la riqueza y diversidad cultural que los caracteriza y al sentimiento de identidad colectiva de los ciudadanos que se sienten parte integrante de la historia de tal patrimonio a través de las generaciones, además de sus nocivos efectos ambientales, de tal forma que el patrimonio histórico-artístico esta unido indisolublemente al concepto de medio ambiente, a la idea de calidad ambiental del espacio rural o urbano de que se trate.
Como ejemplo práctico de patrimonio histórico-artístico que sufre la “contaminación visual” nos encontramos a la propia Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, la cual a pesar de ostenta la máxima protección jurídica dispensable a través de su declaración como Bien de Interés Cultural con la tipología de “monumento”, ello no ha impedido que tanto en la calle San Fernando, como en la calle San Fernando esquina con la calle Doña María de Padilla se halla instalado en su lienzo de muralla dos armarios metálicos de grandes dimensiones sobre pedestal de hormigón que causan un claro y contundente impacto visual que distorsiona la contemplación de uno de los monumentos más representativo de la arquitectura industrial del Siglo XVIII, así como del edificio de mayores dimensiones y máxima categoría arquitectónica de su género en España, además de ser uno de los más antiguos de la Europa del Antiguo Régimen. Es más, es incluso esperpéntico que tal instalación se haya realizado por la misma Administración Pública, el Ayuntamiento de Sevilla, que enarbolan el patrimonio histórico de la ciudad de Sevilla como atracción turística y elemento turístico de calidad, pero más esperpéntico es aun el hecho de que la principal Administración Pública que ostenta las competencias para la salvaguarda y conservación de nuestro Patrimonio Histórico, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, aun teniendo conocimiento desde hace años de la situación descrita no haya realizado ninguna acción tendente a la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, y ello a pesar de que ostenta las competencias para ello.
Es incomprensible que una situación tan flagrante, manifiesta y notoria, que salta a primera vista sin necesidad de realizar esfuerzo mental alguno, no haya sido corregida y sancionada de oficio por las Administraciones Públicas, a pesar de que la Real Fábrica de Tabacos se encuentra en una de las vías más transitadas de la ciudad de Sevilla y dentro del corazón histórico-artístico y turístico de la ciudad, ni haya sido denunciada con anterioridad por la propia Universidad de Sevilla, máxime cuando la misma ostenta dentro de su organización interna una figura denominada “Conservadora del Patrimonio de la Universidad de Sevilla”, cargo que ostenta una profesora de la Facultad de Historia del Arte, y cuya sede se encuentra curiosamente en la Real Fábrica de Tabacos. En consecuencia, es inaudito e inadmisible que la persona que ostenta tal cargo no se haya percatado del contundente impacto visual existente, así como también es inadmisible e inaudito que ni tan siquiera los catedráticos, y en general el profesorado, de la Facultad de Historia y de la Facultad de Historia del Arte, facultades ambas que también se encuentran en el edificio de la Real Fábrica de Tabacos, no hayan procedido tampoco a denunciar la situación existente, cuando se presume que tales personas poseen una mayor sensibilidad y conocimiento sobre los monumentos histórico-artísticos y sobre las actuaciones y elementos que a lo largo de los años los han amenazado y amenazan, cuando no dañados o simplemente destruidos.
Así pues, debemos cuestionarnos que si la situación de contaminación visual referida se produce en una vía principal de Sevilla; en un Bien de Interés Cultural; en una ciudad de la importancia administrativa y turística como Sevilla; en un edificio donde radica el Rectorado de la Universidad de Sevilla y las facultades de Historia y de Arte, e incluso podríamos añadir que frente a la sede de un importante partido político. Qué no ocurrirá y qué mayores agresiones sufrirán otros monumentos que se hallan en los pueblos o en zonas donde su importancia y presencia pasa más desapercibida o ignorada.
Es cierto que nadie se echa a la calle en nuestra Comunidad para defender la conservación y protección del patrimonio histórico-artístico, pero aparte de que este fenómeno de indiferencia popular ante cuestiones de cultura pertenecen al ámbito de la ignorancia, de la conciencia de la inutilidad del esfuerzo o a otros intereses espurios, el hecho de atender a los motivos de movilización de las masas, para conocer lo que interesa a los ciudadanos, llevaría al absurdo de tener que incluir en la definición de estos intereses, y de modo primordial, esos valores culturales que hacen indignarse a las multitudes, a veces incluso con violencia, por decisiones administrativas tales como las que desplazan a los equipos de futbol de una categoría a otra o reducen el tiempo de las becerradas.
Decía Ganivet que “para destruir las malas prácticas, la ley es mucho menos útil que los esfuerzos individuales”. Y es que quizás, entre tanta norma hayamos olvidado que, más allá de su letra, esta la capacidad demostrada de hacerla respetar y cumplir.
