Por su interés con el anterior asunto reproducimos una noticia aparecida en el periódico El Mundo, en su edición de Sevilla, con fecha de 12 de abril de 2010, firmada por el periodista Francisco Javier Recio y que bajo el título de "Ojos que no ven" manifiesta lo que acontece:
"A la verja exterior de la antigua Fábrica de Tabacos, un edificio del siglo XVIII declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento, le salieron hace dos años y medio dos feas verrugas en su piel de ladrillo y azulejería trianera. Los dos granos tienen forma de armarios metálicos y están llenos de cables y componentes eléctricos del tranvía, cuyas vías recorren la calle San Fernando a sólo unos metros de allí. Tussam los adosó al muro exterior del edificio sin el más mínimo respeto a la Ley de Patrimonio. Y ahí siguen, sin que nadie haga nada por evitarlo.
¿Nadie? Nadie, no. Un ciudadano con la piel sensible a los ataques al patrimonio histórico lleva un año intentando que se retiren. Ha hecho las correspondientes denuncias ante la Gerencia de Urbanismo, Tussam y la Delegación provincial de la Consejería de Cultura. Las tres instancias han llegado a la misma conclusión: la culpa es de los demás.
"A la verja exterior de la antigua Fábrica de Tabacos, un edificio del siglo XVIII declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento, le salieron hace dos años y medio dos feas verrugas en su piel de ladrillo y azulejería trianera. Los dos granos tienen forma de armarios metálicos y están llenos de cables y componentes eléctricos del tranvía, cuyas vías recorren la calle San Fernando a sólo unos metros de allí. Tussam los adosó al muro exterior del edificio sin el más mínimo respeto a la Ley de Patrimonio. Y ahí siguen, sin que nadie haga nada por evitarlo.
¿Nadie? Nadie, no. Un ciudadano con la piel sensible a los ataques al patrimonio histórico lleva un año intentando que se retiren. Ha hecho las correspondientes denuncias ante la Gerencia de Urbanismo, Tussam y la Delegación provincial de la Consejería de Cultura. Las tres instancias han llegado a la misma conclusión: la culpa es de los demás.
Los trámites realizados por este licenciado en Derecho no han tenido aún fruto, pero han dejado tras de sí un reguero de documentación que pone de manifiesto el nulo interés que, en ocasiones, demuestran los gestores públicos para garantizar el cumplimiento de la ley en materia de protección patrimonial. Su primera gestión, el 13 de abril de 2009, fue ante la Delegación provincial de Cultura. En su escrito, el denunciante aportaba fotografías y abundante legislación para fundamentar lo que parecía obvio: “Que la colocación de dichos armarios eléctricos provoca un claro y contundente impacto visual que distorsiona la contemplación de uno de los monumentos más representativos de la arquitectura industrial del siglo XVIII”.
Dos meses más tarde, la Delegación provincial de Cultura respondió. En siete líneas de texto, la Junta advierte al denunciante que ha dado traslado de su escrito a la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sevilla “por entenderlo asunto de su competencia”, si bien reconoce que se trata de “un asunto de contaminación visual o perceptiva, contemplado en el artículo 19 de la vigente Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía”. Es decir, Cultura admite que se puede estar vulnerando una ley cuya salvaguarda le corresponde de forma particular, pero su actuación se limita a “trasladar” el escrito del denunciante al Ayuntamiento.
El denunciante también traslado su queja a la Gerencia de Urbanismo. El correspondiente informe del Servicio de Disciplina Urbanística, con fecha de 22 de mayo de 2009, no deja mucho lugar a la duda: “No consta antecedente de licencia para la ocupación de vía pública objeto del presente expediente”. Pero la respuesta es similar a la de Cultura: “Se estima conveniente dar traslado del presente informe […] a Tussam, por entender que es de su competencia”. Y concluye: “A la vista de lo expuesto, por este Servicio de Disciplina se van a archivar las actuaciones sin más trámites”. Es decir, Urbanismo constata que existe una ocupación ilegal de la vía pública –Tussam ni siquiera pidió licencia para instalar los armarios-, pero su actuación se limita a dar traslado a la compañía de transporte sin indicarle siquiera la necesidad de legalizarlo o retirarlos. Y, a continuación, archiva la denuncia. Urbanismo tardó ocho meses en comunicar al denunciante el contenido de este informe, y si se lo trasladó a Tussam, nadie en la empresa de transporte le hizo el menor caso. Al menos, no se lo habían hecho el pasado octubre, cuando el denunciante acudió personalmente a las oficinas de la empresa de transporte para conocer el estado del asunto y sus responsables le aseguraron no tener conocimiento alguno del mismo. Tussam se limitó a contestarle que tiene “los papeles en regla”, sin aportar documentación alguna.
La abulia administrativa no se queda ahí. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a la que el denunciante recurrió el pasado noviembre a la vista de la falta de actuación de la Junta y el Ayuntamiento, ha solicitado ya por dos veces a la Delegación provincial de Cultura y a la Gerencia de Urbanismo los correspondientes informes. No ha habido respuesta.
La Universidad de Sevilla, la institución más directamente afectada, tampoco ha hecho gran cosa hasta el momento para evitar el impacto visual sobre el edificio más valioso de su patrimonio inmobiliario. Un portavoz de la Hispalense reconoció a este periódico que ninguno de sus responsables se había percatado de la presencia de los dos armarios, adosados al muro dese hace dos años y medio. Tampoco, por cierto, los profesores y alumnos de Historia del Arte que cursan estudios a sólo unas decenas de metros de allí.
Alertada por este periódico, la Universidad anuncia, ahora, que va a pedir explicaciones a Tussam por la instalación de los dos armarios metálicos y a estudiar su situación legal a la luz de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía".
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