A mediados de Abril de este año un informe técnico de la gerencia de urbanismo apunta de nuevo por una intervención urgente en la Iglesia Colegial del Salvador. En dicho informe se comprueba que todas las intervenciones que han habido en la reparación de la bóveda de la sacristía han consistido siempre en sobrecargarla con nuevas capas de ladrillo y mortero para estabilizar estos elementos. Esto produce efectos adversos y pone en riesgo su estabilidad.
Urge una nueva intervención que consistiría en el levantamiento y desmontaje de la estructura y armazón de la bóveda, esta actuación supondría un alto costo en su ejecución y de nuevo salta la discusión y la polémica que por desgracia es ya conocida y familiar, de quien y en que proporción se asume el gasto de la restauración.
El pasado año 2002 salto la noticia de la necesidad inminente de la restauración de la segunda iglesia sevillana ante el deterioro general, incluso, peligro de derrumbe del templo. Durante dos años hasta que comenzaron las obras (Enero 2004) e incluso hasta casi la finalización de las mismas (Marzo de 2008), se jugo un partido de tenis entre el arzobispado y la administración, sobre quien debería asumir la responsabilidad y por defecto la mayor parte de los gastos de la restauración. Según la Ley de Patrimonio Histórico Español en su articulo 36,1 deja bien claro que los bienes catalogados “ deben ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios” en el caso del Salvador el primer responsable es el arzobispado, cosa que reconoció su secretario general y canciller, pero dadas las catalogaciones como monumento Nacional y Bien de interés Cultural que ostenta el templo, se contempla también la necesaria participación de los poderes públicos, tal como recoge el art. 36.3 del mismo texto legal y el art. 46 de la Constitución Española.
El problema inicial es la dejadez, la junta acometió intervenciones desde 1987, con un gasto aproximado de un millón de euros, acometidas llevadas acabo cuando la situación era limite y se” parcheaba ” la verdadera solución. La misma consejera de cultura en unas declaraciones en la 2003 alude a estas ayudas y afirma que “el ministerio, salvo excepciones que lucen mucho, pasa olímpicamente de multitud de templos e iglesias” y que estaba segura que en este caso sucederá lo mismo y solo estarán ellos ayudando, no viéndose al Ministerio ni a otra Administración Pú blica.
La Junta por un lado pide que sea el arzobispado quien mueva ficha y fije cual será la estrategia a la hora de buscar los fondos necesarios. El arzobispado por su parte llama a la conciencia de la sociedad sevillana y pide a la empresa privada y a particulares concienciación y colaboración con el problema. Tras discusiones políticas, donde la oposición culpa a la administración, discusiones entre arzobispado y administraciones publicas, finalmente, lo cierto que al comienzo de la primera intervención ( diciembre 2003 ) la aportación económica mas alta correspondía a la cuenta de donantes, cerca de 500.000 euros, mientras el Cabildo Catedral aporto 150.000 euros y la Gerencia de Urbanismo 300.000.
Esto ayudó a arrancar, finalmente el Ministerio aporto 2.750.000 euros y el arzobispado, 600.000, siendo las donaciones, entre cajas de ahorro, particulares y empresas privadas de 210.000 euros, para en cuatro años finalizar el proyecto. El nuevo informe técnico abre de nuevo la polémica y desenvaina las espadas.
Sevilla por desgracia o por gracia vive de su patrimonio, o concretamente de la primera industria de la ciudad que es el turismo. Digo por desgracia por que valdría mas depender de una industria productiva donde los puestos de trabajo fueran mas estables y la riqueza fuera mas repartida proporcionalmente entre los ciudadanos. Gracia, por que Sevilla es ciudad privilegiada por su rico patrimonio cultural, que como apunto es eje del turismo. Es indispensable o diría obligatorio, el mantenerlo y a la vez enriquecerlo, no solo ya por razones culturales y estéticas, si no, por razones estrictamente económicas. Debemos copiar formas de actuar como la italiana, que concienciados del valor económico de su patrimonio no dejan a la suerte o para el final, cuando la situación es limite, la conservación y mantenimiento del mismo.
No intento responsabilizar a nadie en concreto pero si a todos en general, las administraciones deben actuar con previsión en estos temas y en el caso del patrimonio perteneciente a la iglesia, esta debe actuar de igual modo y en coordinación con las administraciones, al final el ciudadano normal es el afectado y se encuentra en un fuego cruzado que la mayoría de las veces le da de lleno, normalmente en el bolsillo.
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